Todos estos días no se habla de otro asunto en
la política que no sea la reforma del Art. 135. Siendo sinceros, este tema no
ocupa la centralidad política de nuestro país sino que va de la mano con la
dimisión de la que era la ministra de Sanidad, Ana Mato. Sin embargo la
trascendencia que puede llegar a tener la reforma de este artículo es mayor que
el suceso ocurrido en el ministerio cuya decisión se puede definir como tardía
tras todos los acontecimientos relacionados con la corrupción que esta mujer y
su marido habían tenido. Pero ese no es el tema de hoy. Toca hablar de la
reforma que puede llegar y de las claves de este artículo.
Si entramos en detalle el post de hoy puede
ser extenso por eso lo mejor es ser claro y conciso. De forma resumida podemos
decir que lo que se pretende con esta reforma es cambiar lo que persigue el
artículo en su última actualización. Este capítulo de la Constitución dice que
en los Presupuestos Generales del Estado (PGE en adelante) se debe poner un
tope al gasto del Estado y a la exigencia de pagar la deuda pública como algo
prioritario. Es decir, cuando se establecen los PGE hay que tener en cuenta que
lo primero es pagar la deuda cuyas condiciones no pueden ser renegociadas. Lo que
la reforma quiere conseguir es anteponer al pago de la deuda los intereses en
materia de sanidad y educación. Parece algo lógico para alcanzar el Estado de
Bienestar. Este artículo, cuando se reformó en 2011 por las dos fuerzas
principales del país, estableció la supeditación de la política de deuda a las
decisiones europeas. Sabiendo quien manda en Europa sabemos quién sale ganando.
El motivo de ese cambio realizado en la época de Zapatero se debe a las
presiones que desde la Unión Europea se llevaron a cabo fundamentadas
principalmente por el Banco Central Europeo que reclamaba medidas urgentes
encaminadas a devolver la credibilidad a la deuda española. Existía el rumor
del rescate y España debía certificar el compromiso con el pago de la deuda.
La reforma de este artículo es impulsada por
el grupo de Izquierda Plural en el Congreso que está formado por Izquierda
Unida, Iniciativa per Catalunya y Chunta Aragonesista. Alberto Garzón, máximo
exponente de esta reforma presentó su proyecto con la base de introducir un
tercer punto a este artículo, en concreto lo que quiere este grupo es que el pago de los créditos presupuestario para
satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de
los servicios públicos fundamentales gozará de prioridad absoluta frente a
cualquier otro gasto. O lo que es lo mismo, establecer los PGE teniendo
como principal asunto cubrir la Sanidad y la Educación.
Los que hicieron la reforma en 2011, PP y
PSOE, debieron pensar que aunque los ciudadanos se mueran de hambre, no tengan
educación y los servicios sanitarios sean escasos siempre será mejor que una
regañina de Merkel por no pagar los intereses de la deuda. En fin, juzguen
ustedes mismos sobre lo que es prioritario y lo que puede ser negociado.
Cuack!
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