Parece que por fin, o al menos ya hay un primer intento, se han dado cuenta de que existe un factor que incrementa los gastos del Estado de manera innecesaria. Aquello que gran parte de los ciudadanos demandábamos parece ha levantado las sospechas del Gobierno y que pretende actuar sobre ello. La sobredimensión de las administraciones públicas es un tema que, en materia de recorte, debería haber variado hace tiempo, no solo cuando entró este Gobierno, sino desde el inicio de la democracia. Hablar de sobredimensión no es decir que existen muchos empleados públicos sino que cuando nos referimos a este término lo hacemos para el ámbito estructural y sobre todo en materia de infraestructura y privilegios que poco ayudan al desarrollo de una economía como la española. La necesidad de funcionarios sigue vigente, aunque se lleve a cabo una reforma de la administración, siguen faltando puestos de trabajos públicos para ofrecer al ciudadano servicios básicos. Quizás habría que plantearse la eficacia de ciertos asesores que han llegado a su puesto de trabajo por su parentesco con algún cargo público o por ser familiar de algún dirigente. Siguen faltando profesores, agentes tributarios, inspectores, médicos…todos ellos son empleados públicos que no sobredimensionan la administración sino que le dan calidad al servicio que ofrecen.
Aún así, es cierto que existen otros ámbitos administrativos que necesitan ser recortados. El pasado miércoles, en la sesión de control al gobierno, el presidente presentó una reforma de la administración en la que, de forma resumida, se retocarán ciertos aspectos tales como: los inmuebles, ahorro, centralización, parque móvil, sueldos…Vamos a verlo uno por uno.
En materia de inmuebles el Gobierno reordenará los alquileres de sedes institucionales y venderá 15.000 inmuebles. Tienen el propósito de que ningún edificio público esté vacio y las ventas han supuesto 88 millones de euros. Sobre el ahorro que supone esta reforma la cuantifica en 8.000 millones de euros, en base a la eliminación de duplicidades administrativas y la reforma de los Ayuntamientos, ahora queda que las Comunidades Autónomas cedan a las modificaciones. La centralización de contratos y cuentas también es otro tema a modificar en este proyecto y para ello se creará una plataforma de compras centralizadas y se controlará la deuda comercial del sector público. Actualmente el Estado tiene 4.823 cuentas bancarias abiertas. Otro tema de crispación entre ciudadano y administración es la referida al parque móvil. Actualmente el Gobierno tiene 852 chóferes para 630 vehículos y lo que quiere es trasladar el aparcamiento de estos vehículos a zonas donde el suelo sea más barato. El tema sueldos es más difícil de entender porque según ellos se han reducido 268 puestos en consejos de administracion de empresas públicas aunque últimamente nos enteremos más bien de lo contrario. Otra medida que impulsar un ahorro es avanzar en la necesidad de una administración electrónica.
Estas son algunas de las medidas para aplicar en la reforma de la Administración aunque seguramente se podrán reducir más. Como por ejemplo ciertos privilegios de los partidos políticos que de manera indirecta o directa también afectan a las arcas del Estado y que por consiguiente también deberían ser estudiados por expertos asesores en esta materia. Para esto último podrían elegir a los verdaderos sufridores de la crisis que hacen mil cuentas para llegar a fin de mes, esos sí que son los sabios asesores que se necesitan para que revisen ciertos partidas presupuestarias.
Cuack!
Fuente: EL PAIS
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